La empresa en que coincidieron las más altas autoridades ambientales de Piñera Los Infiltrados: Todos los cargos clave de la institucionalidad ambiental tienen algo en común: trabajaron en Gestión Ambiental Consultores (GAC). No sólo eso: la ministra, el director ejecutivo de Conama, el jefe del Departamento de Recursos Naturales y un miembro del Consejo Consultivo de la Conama, desarrollaron el Estudio de Impacto Ambiental de la otra termoeléctrica que pretende instalarse al lado de Punta de Choros. Un conflicto de interés que implica a toda la línea de mando de la Conama. Por Claudia Urquieta Ch.

Sigue

Documentos relacionados

El 31 de marzo de 2011 la Conama Regional de Coquimbo deberá finalizar la evaluación ambiental de la Central Termoeléctrica Cruz Grande, que pretende instalarse a 30 kilómetros de Punta de Choros.

A sólo cinco kilómetros de donde pretendía instalarse la polémica central Barrancones, de Suez-Energy -aprobada por la Corema de Coquimbo y luego rechazada por el Presidente Sebastián Piñera-, la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) tiene otro proyecto a carbón en carpeta. Y según anunció la compañía, “no está contemplado retirar el proyecto”.

Más allá de las consecuencias políticas o del destino de la iniciativa de US$ 460 millones, la institucionalidad ambiental que deberá evaluar y decidir si dar viabilidad o no al proyecto, enfrenta un duro dilema relacionado con conflictos de interés. Todos relacionados con Gestión Ambiental Consultores (GAC), firma encargada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Cruz Grande.

GAP-Amigos

La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue gestora de proyectos de GAC, la consultora propiedad del actual representante del Centro de Estudios Públicos (CEP) en el Consejo de la Conama,  Ricardo Katz.

Desde que Katz fundó GAC en 1992, Benítez trabajó como jefa de proyectos Senior, y entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas. En su cargo como jefa de proyectos formó parte del equipo que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental de la termoeléctrica Cruz Grande. Varios de sus profesionales ocupan hoy puestos claves en la institucionalidad ambiental.

La ministra fue coordinadora del proyecto. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Ignacio Toro, participó en el área de modelación de descarga del efluente.

Ricardo Katz, en tanto, actuó como director y estuvo a cargo de la supervisión general. También participó el actual jefe del Departamento de Recursos Naturales, Leonel Sierralta, que supervisó la línea base de la iniciativa.

La directora de Conama de la Región de Coquimbo, donde pretende instalarse la central a carbón de CAP, Claudia Rivera, también trabajó en Gestión Ambiental Consultores. Actualmente su esposo continúa laborando allí.

El lunes, la senadora Soledad Alvear solicitó a la ministra Benítez que se inhabilite de pronunciarse sobre la factibilidad ambiental de Cruz Grande. Además, se entrevistó con el contralor Ramiro Mendoza, a quien le expuso la situación de las autoridades ligadas al EIA de la termoeléctrica de GAC.

El solucionador ambiental

Como gestora de proyectos en GAC, el rol de la ministra Benítez durante casi 20 años fue el de tramitar e impulsar iniciativas  energéticas. Algunas de las compañías en que ha liderado proyectos, además de CAP, son Endesa, Elecmetal, del grupo Claro y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte.

Familia a la que, según fuentes del sector, Ricardo Katz está muy ligado. De hecho se lo reconoce como “el consultor ambiental de los Matte. Lleva todos los temas de la papelera (CMPC)”. Pero además, es conocido por ser el “solucionador de problemas” ambientales complicados de grandes grupos económicos, como los Angelini y los Luksic “que varias veces han recurrido a él”.

Desde la década de los ’80 el ingeniero civil ha estado ligado al tema ambiental. Mientras trabajaba en la Intendencia Metropolitana y en la Comisión Nacional de Energía, conoció a Benítez, que trabajaba en la Oficina de Planificación (Odeplan).

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, formó parte de la primera comisión encargada de los problemas de contaminación de la capital, tras lo cual fundó GAC.

“Súper” conflicto de interés

Según un abogado experto en el tema, hay una serie de leyes relacionadas con conflictos de interés por los que las autoridades deben abstenerse. Entre ellos el artículo 12 y 11 de la ley de Procedimientos Administrativos. O el dictamen de la Contraloría que marca jurisprudencia al respecto.

Por lo tanto “todas estas autoridades deberían inhabilitarse”. Y en base a este dictamen “no sólo tendrían que abstenerse de decidir sino de participar de todo el procedimiento”, explica el abogado.

Y recalca que “este caso es una situación extrema de conflicto de interés. Hasta el momento todo el debate que ha existido ha recaído en una autoridad en particular,  pero cuando el nombramiento del equipo completo está ligado a una misma empresa se genera un lío de proporciones, porque podría dejar a un sector sin autoridades que decidan o que despierten sospechas frente a su imparcialidad. Y aquí tienes toda la línea de la Conama comprometida”.

En la práctica, los cargos más importantes de la institucionalidad ambiental deberían dejar el proceso de evaluación de Cruz Grande a subrogantes. “Se produce un problema de ética pública muy grande. ¿Cómo una consultora literalmente se instala en la autoridad ambiental?”.

Proyectos energéticos en la mira: Parlamentarios van a Contraloría por conflicto de interés y presiones en proyectos Barrancones e Hidroaysén
Diana Porras y Ninoska Leiva

La senadora Soledad Alvear y los diputados Matías Walker y Patricio Vallespín, se reunieron con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para analizar los últimos acontecimientos que marcaron el fracasado proyecto Barrancones en la zona de Punta de Choros.

Alvear señaló que solicitaron al contralor investigar los antecedentes que llevaron a la Armada a cambiar repentinamente su decisión para aprobar la instalación del fallido proyecto de las termoeléctricas en la Región de Coquimbo.

“El 23 de agosto el director de la Corema de la Región de Coquimbo le manda un oficio a la Gobernación Marítima con el objeto que se pronuncie sobre un proyecto por el que ya se habían pronunciado. A las tres y media de la tarde llega un oficio, sin fundamento alguno, que sin acompañar ningún antecedente, ahora dice que el proyecto debe llevarse a efecto. Si bien este proyecto ya no se va a efectuar, el procedimiento debe ser estudiado, cuáles son los antecedentes que la Gobernación Marítima tuvo a la vista para cambiar de opinión en cuatro días”, denunció la senadora DC.

A esto se suma la solicitud de que se investigue el posible conflicto de interés de altas autoridades de Medio Ambiente del Gobierno en el proyecto Termoeléctrica Cruz Grande relacionados con la actual ministra del ramo, María Ignacia Benítez.

Patricio Vallespín agregó que esta situación debe explicitarse para que no se saquen conclusiones cuando sea tarde.

“No esperemos el informe del Contralor, yo creo que él está claro que acá hay inhabilidades bastante amplias en la legislación, ella debiera inhabilitarse ya. Lo preocupante es que esta consultora ha participado de muchos otros estudios y ella debiera declararse inhabilitada en todos los proyectos donde participó como consultora antes. Hoy cambió de giro, está en otro rol, no puede mantener las dos chapas  y eso es lo que estamos pidiendo que el Contralor diga categóricamente”, sostuvo el diputado.

Lo importante, se dijo, es que funcione una verdadera institucionalidad ambiental, para que no se termine instaurando la práctica del ‘telefonazo’, cuando a alguien con influencias le guste o no un proyecto.

Ante estas críticas, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, indicó que “se ha dicho que con esta decisión las instituciones se pusieron a prueba, pero esto viene de personas que nunca han tenido una preocupación por la defensa de ellas. Estimamos que el proyecto tenía desventajas y se cumplió con toda la legalidad formal existente hoy. Sin embargo, creemos que esta puede ser una gran oportunidad para gatillar un estudio efectivo de la planificación del territorio y para que se promueva un debate público respecto de cómo se enfrentan las necesidades energéticas del país”.

Pese a ello, el senador Guido Girardi ya anunció que enviará al Congreso en los próximos días dos proyectos de ley que permitan regular la institucionalidad ambiental exigiendo que se aumente el aporte tributario de las mineras y que se les obligue a que utilicen la energías renovables en un 30 por ciento, ya que a su juicio “son las mineras las que utilizan en mayor cantidad la energía de nuestro país, y es justamente para ellas que se están construyendo esta serie de centrales a carbón”.

Hidroaysén en la mira

El igualmente controversial proyecto Hidroaysén también está bajo la lupa parlamentaria por eventuales conflictos de intereses.

Esta vez, la atención está puesta en la Dirección Nacional de Aguas que otorgó los derechos de aguas para la central hidroeléctrica, los que no se habían podido obtener durante varios años.

Según indicó el diputado del PPD Enrique Accorsi esto se habría logrado a través de las influencias del abogado Carlos Ciappa, quien fue jefe de la dirección jurídica de Hidroaysén y que ahora se desempeña como asesor jurídico del organismo estatal.

“Los abogados jefes de Hidroaysén, que eran los peticionarios de los derechos de agua, ahora son los asesores jurídicos de la Dirección General de Aguas. Con esto lograron algo que ellos no habían podido materializar durante mucho tiempo. Mediante un decreto que firmó el Director General de Aguas, Matías Desmandryl, a favor de la compañía Hidroaysén, ahora sí los tienen. Ahí se manifiesta un tráfico de influencias y se lo estamos haciendo presente a Contraloría y al mismo Director de Aguas para que se inhabilite de firmar esos decretos porque es incompatible”, precisó Accorsi.

Los antecedentes sobre esta supuesta irregularidad ya están en Contraloría. Varios parlamentarios de la denominada “bancada Verde” enviaron un oficio el pasado 4 de agosto solicitando el pronunciamiento de este organismo frente al tema.

Por su parte, el abogado ambientalista y académico de la Universidad de Chile, Patricio Rodrigo, destacó que esta situación abre el paso a que se realicen  cambios en materia de institucionalidad ambiental.

“Hay que equilibrar la política ambiental que necesita el país para ser verdaderamente sustentable, que equipare su crecimiento económico con su protección ambiental y su justicia social. Eso hay que conciliarlo con la política energética y  con otra crucial, que en este momento es inexistente  en el país, que es la del ordenamiento del territorio. Cualquier proyecto se puede instalar en cualquier parte de acuerdo a lo que le conviene a las empresas y el Estado tiene un rol pasivo. Eso no puede continuar”, dijo Rodrigo.

El jurista señaló además que “hay que tener cuidado con el discurso que se está estableciendo desde Hidroaysén porque está desinformando a la opinión pública. Está haciendo que se confunda la modernización de la política energética. Pero en realidad ésta debería estar enfocada en que los territorios se abastezcan del mayor grado posible de energía en función de sus recursos propios. Los sistemas interconectados deben existir para cuando algo falle algo en alguna zona, otra pueda responder y nada más”.

Los  parlamentarios de oposición elaboraron un listado de todos los proyectos que “intervienen zonas protegidas” en nuestro país. La idea es  solicitar la resolución presidencial sobre al menos diez iniciativas de centrales termoeléctricas, además de varias mineras que pretenden instalarse o expandirse en el territorio nacional.

Ministro Raineri da señal de respaldo a HidroAysén

El ministro de Energía, Ricardo Raineri, fue consultado ayer en televisión por su postura respecto del proyecto HidroAysén, la mayor iniciativa de generación actualmente en trámite ambiental, propiedad de la sociedad Endesa-Colbún.Y su respuesta fue de apoyo al proyecto.

En entrevista con el canal 24 Horas, Raineri señaló que HidroAysén es, en su visión, un proyecto que, de cumplir con las expectativas en materia ambiental y, si desarrolla un diseño correcto, será "tremendamente positivo" para el país.

Recientemente, la Comisión Nacional de Energía (CNE), incluyó las cinco centrales del proyecto HidroAysén en su plan de obras recomendadas, lo que también fue considerado como un espaldarazo a la iniciativa de las dos principales generadoras eléctricas de país.

En ese plan de obras no estaban consideradas las centrales a carbón, entre ellas, Barrancones y Cruz Grande.

HidroAysén contempla una capacidad máxima instalada de 2.750 MW, a lo que se suma un puerto, construcción de caminos y una línea de transmisión de al menos 1.500 kilómetros.

Escobar: “Ley de Energías Renovables Debe Reformarse”
José Ignacio Escobar, vicepresidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), también señaló que no debe subsidiarse a las termoeléctricas.

—¿Qué tan cierto es que los proyectos de energías limpias son más caros que los convencionales?

—Creo que si bien es cierto los costos en primera instancia parecen ser más elevados, hay que tomar en cuenta dos factores principalmente. Por un lado, el encarecimiento del petróleo que produce que estas centrales convencionales hagan que las tarifas sean cada vez más elevadas a los usuarios, y por otro lado, las externalidades que llevan consigo los proyectos, por ejemplo el daño al ecosistema, a las comunidades y al resto de las actividades económicas. Por tanto, si haces un análisis detallado de estos factores, nos daremos cuenta de que la energía renovable necesita un mayor espacio y es mucho más rentable.

—¿Qué cambios debieran ocurrir para que les den un espacio?

—Debiera haber una reforma a la Ley de Energías Renovables. Se debe dejar de subsidiar a las termoeléctricas. Además, las leyes no son suficientemente claras y duras, lo que produce que los proyectos terminen politizándose como ocurrió con Barrancones, cuestión que no ocurre en el caso de las energías renovables que no tardan más de un año en aprobarse.

—¿Cuál es la voluntad del Gobierno al respecto?

—Aún lo están estudiando, pero tienen claro que para lograr las metas en esta materia es indispensable cambiar la normatividad vigente, ya que la Ley Eléctrica está claramente obsoleta y el sistema eléctrico es del siglo pasado.

Fuente / Estrategia

Cuestionan que afectó institucionalidad y que actuó "con mentalidad de gerente"
Concertación arremete contra Piñera por "intervención" que frenó construcción de planta en Punta de Choros

¿Qué ofreció el presidente Sebastián Piñera a la empresa Suez Energy para que ésta aceptara relocalizar el proyeto de la termoeléctrica Barrancones, que iba a instalarse originalmente en las cercanías de la reserva ecológica de Punta de Choros, en la IV Región?

La interrogante, que aún no tiene respuesta, fue repetida ayer por varios dirigentes de la Concertación que arremetieron contra la forma en que actuó el mandatario para frenar la construcción de la planta, porque -dicen- daña la institucionalidad vigente.

Y aún cuando personeros como el saliente titular de la DC, diputado Juan Carlos Latorre, adviertan que Piñera actuó, en este caso, "como rey pasando a llevar la institucionalidad", los más coinciden en señalar que el proceder el mandatario no sólo volvió a demostrar que opera con "mentalidad de gerente", sino que también dejó claro que viene del mundo del empresariado, donde muchos asuntos se resuelven con "un telefonazo y a lo amigo".

"El Estado de Chile tiene herramientas institucionales para decirle no a ese proyecto. Se prefirió decirle que sí por la vía institucional y después anularlo a punta de telefonazos y favores a los amigos", aseveró la presidente del PPD, Carolina Tohá, al término del tradicional encuentro de coordinación de los días lunes de los líderes de la Concertación y donde se analizó el tema.

De ahí que el titular del PRSD, senador José Antonio Gómez, emplazó al mandatario a transparentar qué le ofreció a la firma franco -belga para que aceptara reubicar la planta.

"¿Cuál es la promesa que recibió la empresa después de haber gastado millones de dólares en pre inversión o inversión para dejar de hacerla?. Hay que ser transparente también en eso", arremetió Gómez.

Siguiendo la lógica de la pregunta, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, recordó que "hay un operador político que está informado de todo esto, tal vez valdría la pena preguntarle a él, es un empresario que tiene un apellido muy claro -en alusión a Juan Claro quien habría mediado en el asunto-", dijo y agregó que "este es un gobierno que entiende las cosas así, como es el gobierno de un empresario, los empresarios actúan así, le encargan a un amigo que les resuelva un problema al margen de la institucionalidad".

En la Concertación también preocupa la señal que con su decisión el mandatario le dio a la ciudadanía, pues advierten, que "de aquí para adelante con plantarse y protestar, el presidente va a solucionar todo", dice una fuente.

Conflictos de interés

En medio de esta ofensiva la senadora Soledad Alver (DC) le pidió a la Contraloría que se pronuncie por el supuesto conflicto de interés que presentaría la actual ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien participó como consultora ambiental del proyecto de la empresa Cruz Grande y que se trata de otra termoeléctrica, que se emplazaría en las cercanías a Punta de Choros.

Fuente / Diario Financiero

Convocan a nueva protesta en la Alameda contra central Castilla
Detractores de la central que se instalará en Copiapó marcharán hacia La Moneda.

El martes pasado, una masiva manifestación en la Alameda -replicada en otras regiones del país- se convirtió en un factor de presión en contra de la central termoeléctrica Barrancones, que sería emplazada en Punta de Choros. Como resultado, el Presidente Sebastián Piñera pidió que se relocalizara.

La escena de la protesta se repetirá este jueves y el motivo de la convocatoria también será otra termoeléctrica: la central Castilla, que se construirá en la zona de Punta Cachos, a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó.

La manifestación es organizada por la agrupación Atacama sin Carbón, que convocó a los interesados a las 10 de la mañana del jueves, en Plaza Italia, donde se iniciará un recorrido hacia La Moneda.

Según los organizadores, a la marcha asistirán parlamentarios, ambientalistas y artistas.

Aparte del tamaño -unas cuatro veces más grande que la central Barrancones-, los detractores de Castilla alegan que la nueva central se instalará en un sector que se caracteriza por un espectáculo único en el mundo: el desierto florido.

Renuncia seremi

Ayer, en tanto, presentó su renuncia el seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, quien -como integrante de la Corema- le correspondía pronunciarse sobre la central Castilla. El médico atribuyó su decisión a su desacuerdo en la forma como actuó el Presidente Sebastián Piñera respecto de la central Barrancones. "Las autoridades regionales hemos perdido un poco el rol que nos compete", dijo. También descartó que su salida esté vinculada a su actuación en la reapertura de la mina San José.

Fuente / La Tercera

Parlamentarios oficialistas se mostraron satisfechos con explicación de piñera en el comité político. Gobierno y Alianza cierran filas a favor de decisión "excepcional" en proyecto Barrancones

El gobierno y la Coalición por el Cambio salió en bloque a defender la institucionalidad vigente ante las críticas que señalan que el presidente Sebastián Piñera, pasó por encima de las disposiciones de la Corema de Coquimbo respecto de la instalación de la Central Termoeléctrica Barrancones. Esto luego del llamado personal que realizó el mandatario a la empresa Suez Energy para dejar sin efecto la construcción de la planta en caleta Punta de Choros.

Durante el fin de semana, recrudecieron los cuestionamientos de la oposición e incluso de algunos personeros de partidos oficialistas, que pusieron en duda la legalidad de la decisión del mandatario. Al interior de La Moneda se reconoce que esta "decisión personal" provoca ruido en el sector empresarial ya que pondría en duda si las disposiciones legales "pueden quedar sin efecto" o se pasa por encima de una ley por una llamada telefónica, reconoce una fuente. El análisis comunicacional del fin de semana, concluyó que era necesario enmendar esta situación, no tan sólo para acallar las críticas, sino también, por dar garantías de que decisiones como éstas no volverán a repetirse, según consignó la misma fuente.

Ya el jefe de Estado, en su visita a Punta de Choros el sábado, manifestó que en las próximas semanas se enviará al Congreso un proyecto para regular aspectos específicos de la legislación medioambiental que incluye la localización de grandes proyectos industriales, como las termoeléctricas. Incorpora además, mecanismos para roteger reservas naturales y lugares con biodiversidad.

Refrendando lo anunciado, el secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en TVN, defendía la decisión presidencial argumentando que si bien el mandatario hizo "una gestión personal", no se trató de una "gestión entre amigos, sino propia del presidente de la República". Por ello, manifestó que "el presidente cumplió una promesa de campaña. Es un proyecto que él no compartía, básicamente, porque estamos en presencia con un valor desde la biodiversidad único. Esa es una zona que junta toda la biodiversidad del norte chico y por lo tanto, llevó al presidente a tomar una decisión personal, de pedirle a uno de los dueños cambiar la locación de esa central", dijo el ministro.

Sin embargo, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, en entrevista radial, sostuvo que hasta la fecha, no ha recibido ningún mandato presidencial con el fin de buscar una localización nueva a la termoeléctrica Barrancones. "No he recibido el mandato del presidente de buscarle una localización a esta empresa", explicó.

Ofensiva comunicacional

Así, se decidió que el presidente Piñera saliera temprano ayer a plantear su postura en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, Enape, en el sentido que lo obrado -el traslado de la central Barrancones- fue una decisión personal y que no volverá ocurrir, aunque evitó de calificarla como un error. "Tengo la más profunda convicción de que hice lo que tenía que hacer, que cumplí con mi deber, que logré proteger un santuario que merecía protección y que lo hice dentro de la institucionalidad y dentro del estado de derecho, y agradezco la comprensión y colaboración de la Empresa Suez Energy en esta materia", afirmó en la ocasión.

Más tarde, en el Comité Político de ayer se revisó a fondo el tema con los presidentes y jefes de bancada de la Alianza, oportunidad en que se dieron las explicaciones del caso y se cerraron filas en torno a la versión entregada. El propio Piñera irrumpió en plena reunión para explicar, personalmente, su decisión y darles seguridad a los dirigentes de RN y la UDI que una situación similar, no volverá a ocurrir.

Según trascendió, encontró comprensión en los asistentes en especial en los senadores y timoneles Carlos Larraín y Juan Antonio Coloma, quienes a la salida del encuentro se mostraron compresivos con la decisión.

Para Larraín si el proyecto seguía adelante "hubiésemos tenido un episodio subversivo". En tanto, Coloma compartió "la forma de plantear las alternativas".

Los dirigentes, coincidieron en la necesidad de "mejorar" la institucionalidad y la norma ambiental actual, incorporando un sistema de localización. "Así de claro, simple y exigente", señalaron.

La vocera, Ena Von Baer salió del paso señalando que lo de Punta de Choros fue una "situación excepcional".

"Hay una institucionalidad que está funcionando, esta es una excepción (...) Tenemos un vacío que heredamos de los partidos de la Concertación, porque durante su gobierno se aprobaron proyectos cerca de Santuarios de la Naturaleza", concluyó.

Fuente / Diario Financiero

Senador Larraín (UDI) pidió que criterio utilizado con Barrancones se use para Los Robles, en la VII Región: Piñera asegura que no volverá a intervenir en centrales y acelera institucionalidad ambiental

Ejecutivo pondrá suma urgencia a la creación de los Tribunales Ambientales e impulsará cambios a concesiones de geotermia. En el comité político, Mandatario aseguró que su actuar en Punta Choros había sido "excepcional, particular y único".

El Mercurio Fue una mañana fuera de lo común tanto para el Presidente Piñera como para los representantes de los partidos de la Alianza que se reúnen todos los lunes con los ministros de La Moneda. Saliéndose de su agenda, el Mandatario se integró de manera excepcional e inédita a la cita pasadas las 10:30 horas, tras participar en un encuentro con la pequeña y mediana empresa.

La arremetida tenía dos objetivos claros: cerrar el capítulo Punta Choros con respaldo político del oficialismo, y apurar la agenda medioambiental, los propósitos que se impuso La Moneda tras los cuestionamientos que desde su mismo sector tuvo el actuar del Presidente al intervenir en la instalación de la termoeléctrica Barrancones.

"Acá no se ha faltado a la institucionalidad", dijo un serio Piñera ante la mirada atenta de los presidentes de RN y de la UDI y sus respectivos jefes de bancada de ambas cámaras. Y es que las dudas que generó la intervención del Presidente tanto en un sector del mundo privado como en líderes del oficialismo llevaron al Mandatario a tener que explicar a los representantes de la Alianza su intervención en Punta Choros.

De hecho, a voces como Jovino Novoa y Hernán Büchi se había sumado en la mañana el senador Pablo Longueira, quien si bien defendió el fondo de la decisión, planteó que "las formas no fueron las más elegantes".

Y en la misma reunión de La Moneda hubo voces críticas a las palabras de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien señaló ayer a "El Mercurio", a raíz de una consulta sobre el destino de la central Castilla, que "lo que suceda con esos proyectos lo va a definir el Presidente".

Por eso, Piñera explicitó que ese actuar "fue particular y único", y que lo había hecho porque constituía una "situación excepcional". Con esto, también, trató de zanjar otra de sus preocupaciones: la avalancha de manifestaciones y "lobby" que se desencadenaron contra otras centrales usando su mediación en la IV Región como un precedente.

Fue el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, quien le manifestó su preocupación por cómo quedaba la institucionalidad en esta materia. Ante eso, el Mandatario reiteró que las instituciones sí habían sido respetadas, que había actuado dentro del Estado de Derecho y agregó que lo había hecho debido a un vacío existente en la legislación: "Hoy una termoeléctrica puede instalarse en cualquier parte. Es como si mañana decidieran ponerse al lado de los moáis en isla de Pascua, eso es inaceptable", dijo a los presentes. Pero reiteró que esto no sentaba un precedente.

En ese momento tomó la palabra el senador UDI Hernán Larraín, quien solicitó que el mismo criterio se usara para la termoeléctrica Los Robles (de la Región del Maule) situada cerca de un santuario de la naturaleza. Pero Piñera reiteró que su decisión había sido excepcional. Aún así, tras la cita, el senador dijo que esperaba que el Presidente se pronunciara al respecto. "Es un santuario de la naturaleza también", señaló.

Sobre la agenda ambiental, en la Segpres ya tomaron dos decisiones: ponerle hoy suma urgencia al proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales. Algo que es vital para que la nueva institucionalidad ambiental (promulgada en enero) comience a operar. Esto, porque son la base de la ya creada Superintendencia del Medio Ambiente.

Y además, ingresará con urgencia el proyecto de ley que modifica el procedimiento de concesiones de geotermia. Esto, en directa relación con lo que el Mandatario ha señalado los últimos días sobre la necesidad de impulsar el desarrollo de energías renovables. En paralelo a los proyectos en el Congreso, en La Moneda esperan que el Ministerio de Bienes Nacionales entregue mañana al Presidente la "zonificación" de áreas protegidas donde no se podrían construir centrales termoeléctricas.

""Hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi deber y logré proteger un santuario que merecía protección".

SEBASTIÁN PIÑERA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

""Es el gobierno de un empresario, los empresarios actúan así. Le encargan a un amigo que le resuelva un problema".

OSVALDO ANDRADE PRESIDENTE DEL PS

""Hay compromiso para evitar que se instale la central Los Robles (...) Donde existe la misma razón, existe la misma disposición".

HERNÁN LARRAÍN SENADOR UDI

Ofensiva en Contraloría

Soledad Alvear (DC) pidió ayer a la entidad de control que indague un eventual "conflicto de interés" de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, solicitando que se abstenga de evaluar la termoeléctrica Cruz Grande, ya que antes de asumir habría trabajado en su estudio de impacto ambiental.

UDI pide "fast track" en proyectos emblemáticos

Más de una hora duró la cita entre el Presidente Sebastián Piñera y la recién electa directiva de la UDI, liderada por Juan Antonio Coloma, realizada ayer en La Moneda para dar el saludo protocolar a la nueva mesa del partido.

En la ocasión le plantearon al Mandatario la necesidad de que la discusión del presupuesto que comienza en septiembre tenga un marcado acento social. "La UDI es un partido popular y sentimos que hay una necesidad de inversión en materia educacional, vivienda, salud y seguridad ciudadana muy potente", señaló Coloma a la salida.

De ahí que solicitaron apurar algunos proyectos en el Congreso para que puedan convertirse en ley este año. "Hay que pedir más velocidad en el cambio", añadió, razón por la cual le plantearon al Presidente un "fast track legislativo", es decir, que le imprimiera la urgencia necesaria a cuatro materias que -a juicio de la directiva- tienen el sello del Gobierno y de la UDI.

Los proyectos son el Ministerio Social, el royalty "para la reconstrucción", las subvenciones educacionales y lo relativo a normas antidelincuencia.

Concertación reitera críticas al Mandatario por su manejo del caso

Que el Presidente Piñera respete la institucionalidad. Ése fue el llamado que hicieron ayer los presidentes de la Concertación al referirse a la reubicación del proyecto termoeléctrico Barrancones de la zona de Punta Choros. Pese a estar de acuerdo con su relocalización, los líderes opositores criticaron la manera en que el Mandatario intervino en la situación.

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, aseguró entre ironías que el ex presidente de la Sofofa Juan Claro actuó como un operador político al mediar en el conflicto. "Es el gobierno de un empresario, los empresarios actúan así. Le encargan a un amigo que le resuelva un problema", afirmó.

Por su parte, el timonel DC, Juan Carlos Latorre, hizo un llamado al gobernante para que deje de "actuar como un rey", y el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, aludió a una mala decisión en la forma en que resolvió el tema desde el punto de vista institucional.

"El Estado de Chile tiene herramientas institucionales para decirle no a ese proyecto, se prefirió decirle que sí por la vía institucional y después anularlo a punta de telefonazos a los amigos", remató la presidenta del PPD, Carolina Tohá.

Fuente / El Mercurio

BWN Patagonia


    

BWN Patagonia

Tweet     Compartir